Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Psicología para mejorar la emisión de informes en los tribunales

El importante convenio firmado entre el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y el decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (COPM), José Antonio Luengo, marca un hito en la agilización de los procesos judiciales que requieren informes psicosociales para su resolución.

Con este acuerdo, se espera que se realicen más de 800 informes psicosociales, sumando así el trabajo de psicólogos expertos a los equipos ya existentes en la Comunidad de Madrid, compuestos por 170 psicólogos y trabajadores sociales. Este paso es fundamental para garantizar una tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos, asegurando que los informes necesarios estén disponibles en tiempo y forma.

El Plan de Choque implementado por el Gobierno regional incluye medidas como el nombramiento de 10 grupos de refuerzo, la creación de cuatro nuevos equipos psicosociales que actuarán como Unidades de Valoración Forense Integral, y la elaboración de un protocolo para la emisión de informes. Todo esto se suma al compromiso de agilizar y eficientizar los procesos judiciales en la región.

La importancia de contar con informes psicosociales en los procesos judiciales no puede ser subestimada, ya que estos informes aportan información crucial para la toma de decisiones por parte de los jueces. Con este convenio, se busca garantizar que los informes estén disponibles de manera oportuna y que sean realizados por profesionales altamente cualificados en la materia.

En resumen, la firma de este acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el COPM representa un paso significativo hacia la mejora de la justicia en la región, asegurando que los procesos judiciales cuenten con la información necesaria para su correcta resolución. Este compromiso refleja la importancia que el Gobierno regional otorga a la agilización de los procesos judiciales, garantizando así una mejor atención y protección a todos los ciudadanos involucrados en el sistema judicial.

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